Libertad de prensa: la otra víctima de la crisis griega

Desde su estallido en 2010, la crisis que asola Grecia ha sido objeto de un profundo análisis acerca de sus devastadores efectos políticos, económicos y sociales. En los días, semanas y meses previos a los tres rescates que el país heleno recibió en 2011, 2012 y 2015, todas las miradas puestas en su gravísima situación financiera repasaban, seguían y pronosticaban los acontecimientos que sucedían o estaban por hacerlo.  El clamoroso hartazgo de la sociedad y su creciente empobrecimiento, las vicisitudes del inestable escenario político y, sobre todo, las consecuencias de una hipotética salida de la UE jalonaban la actualidad informativa.

Como en toda crisis, la cobertura mediática se centra en los aspectos más destacados de la misma. A un lado quedan las víctimas menos llamativas que sus garras, de una forma u otra, acaban cobrándose. Y, como no podía ser de otra forma, una de esas alargadas zarpas ha ido a parar a la prensa y la libertad informativa. En solo cinco años (2009-2014), Grecia pasó del puesto 35 al 99 en el índice de Reporteros sin Fronteras que aborda dicho asunto. En 2016 ocupaba la posición 89.

“Después de que Grecia cayera 50 puestos en la lista de 2015, uno de los mayores desplomes que ha habido, las esperanzas estaban puestas en el nuevo gobierno encabezado por Alexis Tsipras. Antes de las elecciones, Tsipras prometió terminar con el poder de los magnates mediáticos, un puñado de hombres de negocios que durante años han usado los medios en favor de sus intereses empresariales. ¿Mantendrá esta promesa electoral?”, detalla la ONG en su web.

Las razones de tal caída libre son evidentes. Los casos de agresiones y amenazas a periodistas y fotógrafos, tanto por parte de fuerzas de seguridad como de movimientos extremistas, se han disparado exponencialmente a lo largo de estos siete años.  Al tiempo, las interferencias políticas en los medios públicos estuvieron a la orden del día en 2014. Por último, las demandas de políticos y tribunales contra periodistas y canales de información o sátira han devenido en multas, investigaciones y cierres más que cuestionables.

El ejemplo más rotundo se encuentra en ERT, la televisión pública griega. En 2013 el gobierno de coalición presidido por Andonis Samarás decretó su clausura alegando falta de rentabilidad. Dicha decisión desencadenó, además de las consabidas protestas de los más de 2000 trabajadores de la cadena, un litigio en el que un tribunal acabó determinando la inconstitucionalidad de la orden. Durante ese tiempo el ejecutivo de Samaras abrió Nerit, una nueva emisora destinada a ser su sucesora y que se vio envuelta en escándalos e irregularidades desde su nacimiento debido a las continuas injerencias del gobierno en su programación informativa. En 2015, tras la llegada de Syriza al poder, Nerit fue finalmente disuelta por el Parlamento heleno y ERT fue reestablecida tras dos años de inactividad.

De la imparable coyuntura siquiera se salvan algunas de las cabeceras más importantes, que, al igual que cientos de otros medios más modestos, también se han acabado viendo abocados a echar el cierre. A finales de enero, el grupo de comunicación Lambrakis, que acumulaba una deuda de casi 100 millones de euros, anunció el cese de actividad de uno de sus semanarios y de su periódico estrella. Con los acreedores cada vez más convencidos de que un cuarto rescate financiero puede ser una realidad no muy lejana, ambas firmas se han convertido en los últimos náufragos de un hundimiento que no parece tocar fondo tras siete años de desplome.

 

 

 

 

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