¿Represión?, ¿qué represión?

Al menos 40 muertos, un mínimo de 400 heridos y alrededor de 300 detenidos. Son las trágicas cifras que, de acuerdo a medios de comunicación, instituciones sanitarias y organizaciones en defensa de los derechos humanos, ha dejado tras de sí la ya histórica semana vivida en Nicaragua. Los enfrentamientos entre cientos de miles de personas y la policía del régimen encabezado por Daniel Ortega desde hace 11 años han hecho saltar por los aires los cimientos de una sociedad atenazada por la ley del silencio para ponerse en pie, despojarse del miedo imperante y denunciar la tiranía de un sistema que se ha acabado por convertir en una auténtica corte al servicio de su dueño y señor.

Aparecía Ortega, de 72 años, el pasado 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajador y pronunciarse de paso sobre la convulsión que vive el país desde el 20 de abril, cuando miles de estudiantes salieron a la calle para mostrar su repulsa a una serie de reformas aplicadas a la Seguridad Social. Las jornadas, que dieron paso a una cadena de movilización nacional contra Ortega, acabaron por convertirse con el paso de los días en un campo de batalla que ha acabado derivando en un río de sangre en el que el presidente, como buen caudillo, no se reconoce de ninguna manera.

Los muertos, dijo Ortega, no son otra cosa sino producto de la violencia agitada por las masas e “incitada” por los manifestantes y nada tiene que ver con el buen hacer del gobierno, que desde sus inicios solo “ha venido consolidando la paz, la alegría, el amor y la solidaridad”. Fueron palabras más que suficientes para que Ortega se sacudiera la inmerecida reputación que ha acumulado durante años y las acusaciones de violaciones de derechos humanos puestas de manifiesto en la última semana.

Rodeado de su guardia pretoriana, arropado por sus más acérrimos seguidores y acompañado por su esposa, defensora incondicional de su nepotismo y quien hace unas semanas se refirió a los manifestantes como “seres mezquinos, mediocres, pequeños, llenos de odio y con la desfachatez de inventarse muertos”, Ortega no dejó lugar a dudas. Tras más de una década de gobierno, su intención de abandonar el poder a pesar de la presión social se antoja nula. Lo que parecía imposible hasta hace un mes, sin embargo, ya ha dejado de serlo. Pese a la fatídica respuesta y al muro de contención, hacerle frente al autoritarismo ya no es una utopía es Nicaragua.

 

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Ortega: perpetuación y autocracia en Nicaragua

Tanto era de esperar que Daniel Ortega revalidase un tercer mandato como presidente de Nicaragua en las elecciones del pasado día 6 como que dicha cita pasara sin pena ni gloria por los medios de comunicación de todo el mundo. Tal poca atención en la cita electoral podría entenderse de haberse tratado de unos comicios ordinarios y poco decisivos en la trayectoria del país latinoamericano. Y lo cierto es que así era. Las elecciones no suponían nada de no ser porque con ellas Ortega, actual mandatario y antiguo líder sandinista, conseguía como fuera consolidarse definitivamente en el poder a golpe de neutralizar a toda costa cualquier tipo de oposición política.

Así lo contaba el agudísimo Jan Martínez Ahrens en un extenso reportaje publicado el mismo día de la celebración en El País Semanal. Apoyado en su compañera de viaje y más que posible sucesora, Rosario Murillo, el exguerrillero ha trazado desde que llegó al poder por segunda vez en 2006 un país a imagen y semejanza de sus aspiraciones. A lo largo de toda una década, ha repartido el control de importantes asuntos estatales entre varios de sus siete hijos, maniobrado para bloquear a sus adversarios y formulado un sincretismo entre capitalismo, religión y sandinismo.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, su partido, obtuvo el 70% de los votos en unas elecciones en las que Ortega impidió la presencia de observadores internacionales para garantizar su correcto desarrollo. La cita, que ha sido calificada de “farsa” por numerosos colectivos tanto autóctonos como extranjeros, se cerró con una concurrencia moderada aunque incierta y en la que la oposición, inhabilitada por una sentencia judicial para presentarse a las elecciones, instó a la población a abstenerse de ejercer el derecho a voto en señal de protesta.

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Manifestación en repulsa de las elecciones del pasado 6 de noviembre y del Canal de Nicaragua, uno de los proyectos estrella de Ortega y cuya inauguración está prevista para 2019

Como en todos los regímenes con tintes autocráticos, en Nicaragua impera la ley del silencio. Son pocos los que parecen atreverse a hablar sobre el rumbo delirante que ha tomado el país bajo el mando de Ortega y su clan. Tras haber modificado la Constitución a su antojo para eliminar la limitación numérica de mandatos y anulado a sus adversarios políticos, gran parte del pueblo teme represalias de mostrarse crítico con el Gobierno.

Hasta ahora, la legitimidad de Ortega como presidente estaba fuera de duda. No obstante, la desafortunada decisión tomada por la Asamblea de destituir a la oposición y el levantamiento de barreras a los observadores externos han puesto de relieve ante la comunidad internacional sus ansias de mantener el poder a cualquier coste. El exguerrillero ha terminado, finalmente, por mostrar su verdadera cara.