Chipre: 40 años de división

Grecia y Turquía, Turquía y Grecia. La proverbial y milenaria rivalidad entre ambos países volvió a ser noticia la semana pasada tras el enésimo intento por zanjar una de sus más añejas diferencias. Un hecho que, a pesar de su longevidad, resulta profundamente desconocido para el mundo occidental: la división de la isla de Chipre.

Nada menos que 42 años han pasado desde que Chipre fue fragmentada, en agosto de 1974, en dos partes casi proporcionales regidas por Turquía en la zona norte y el estado chipriota como tal en la mitad sur. Su capital, Nicosia, quedó igualmente dividida entre ambos. El 15 de julio, un mes antes, la junta militar que por entonces gobernaba el país heleno orquestó un golpe de estado en Chipre para derrocar a su regidor, el arzobispo Makarios III, y anexionar la isla a Grecia.

Como respuesta, Turquía reaccionó lanzando una ofensiva pocos días después que justificó ante la comunidad internacional amparándose en el derecho a intervenir para restaurar el orden constitucional en la isla. Un derecho recogido en el Tratado de Garantía, promulgado en 1960 y entre cuyos firmantes figuraban, además de Grecia y Reino Unido, la propia Turquía.

La presión internacional sobre el conflicto en ciernes entre ambos países precipitó el colapso de la junta militar griega solo tres días después de la invasión turca, lo que a su vez dio lugar a que el gobierno implantado fracasara y fuera depuesto. Al restablecerse el orden, las fuerzas turcas se retiraron. Pero el 18 de agosto, apenas un mes más tarde, Ankara puso en marcha un segundo despliegue de tropas que esta vez ocupó el 40% de la isla.

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La República Turca del Norte de Chipre fue autoproclamada en 1983, nueve años después de la ocupación

Pese a la condena unánime de Naciones Unidas, las cerca de 40.000 milicias prosiguieron la invasión iniciada un mes antes, esta vez ya sin ningún pretexto justificativo que respaldase el asalto. En el proceso, cerca de 150.000 ciudadanos de origen grecochipriota, mayoría en el área ocupada por Turquía, fueron desplazados de sus casas hacia el sur, zona más poblada por turcochipriotas. En su lugar, estos últimos partieron hacia el norte para instalarse en los hogares abandonados por sus antiguos residentes.

La inicial Administración Autónoma Turcochipriota declarada por Turquía tras la segunda ocupación evolucionó un año más tarde en un estado federado y ocho después, en 1983, en la autoproclamada “República Turca del Norte de Chipre“. Además de negar sistemáticamente su legitimidad jurídica, la ONU y diversas ONGs han denunciado en reiteradas ocasiones el incumplimiento de derechos civiles en la mitad norte de la isla.

Desde el fin del conflicto, los intentos por reunificar el país han sido tanteados por Naciones Unidas, si bien todos han terminado cayendo en saco roto. El último fue iniciado la semana pasada en Ginebra con representantes griegos, turcos y británicos, y aunque esta vez la mayor sintonía por buscar un acuerdo definitivo que resuelva el conflicto es palmaria, nada está aún atado.

Bulgaria y Moldavia viran hacia la órbita rusa

La pérdida de confianza en Europa crece a velocidad de vértigo. Tras la victoria del euroescepticismo en Polonia, Reino Unido y, en menor medida, Francia o Alemania; Moldavia y Bulgaria optaron este domingo por dar un voto de confianza a la rusofilia en sendas elecciones presidenciales. De esta forma, dos de los países más pobres de la región (Bulgaria encabeza el primer puesto de la Unión Europea) inician un periodo en el que, sin dejar de lado sus compromisos con Bruselas, pretenden retomar sus buenas relaciones con Rusia.

En el caso de Bulgaria el encargado de capitanear la legislatura será el independiente Rumen Radev, que durante la campaña ha manifestado que “la eurofilia no debe implicar necesariamente rusofobia”. Radev, un expiloto de las fuerzas aéreas sin experiencia política, se impuso por casi el doble de sufragios a su rival, la oficialista Tzetzka Tsacheva, actual presidenta del Parlamento. Al tiempo, la negativa del Gobierno saliente a formar un ejecutivo en funciones daría lugar a la convocatoria de nuevas elecciones en primavera.

Por su parte, Moldavia también se dispone abrazar al Kremlin con el fin de “restablecer los lazos amistosos y estratégicos mantenidos durante cientos de años, sin los que no hay futuro posible”. Son los argumentos esgrimidos por el ganador de los comicios, Igor Dodon, del Partido Socialista, quien ha prometido modificar el apartado económico del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, vigente desde 2014. Dicho pacto motivó represalias por parte de Moscú, que impuso un embargo a las exportaciones de productos pilares de la economía moldava como la carne o las verduras.

Tanto Radev como Dodon, que han abogado por retirar las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la anexión de Crimea y la intervención militar en Ucrania, han encontrado en el descontento de la población con las instituciones europeas el caladero decisivo para alzarse con el poder. Al igual que en Polonia, el recelo hacia la UE tiene gran parte de su origen en las abundantes políticas de ajuste impuestas a cambio de promesas de crecimiento económico no satisfechas. Además, la corrupción sistémica de las clases gobernantes en ambos países (especialmente en Moldavia, donde la desaparición de mil millones de dólares de un fondo bancario en 2014 supuso el mayor escándalo de su historia) ha apuntalado el hartazgo de la sociedad con los políticos

Los resultados electorales favorables a Rusia se unen en menos de una semana a los cosechados en Estados Unidos con la victoria de Donald Trump, próximo a Vladímir Putin y hacia quien ha manifestado en repetidas ocasiones su admiración y respeto.

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Rumen Radev (i) e Igor Dodon, presidentes electos este domingo en Bulgaria y Moldavia

Polonia y las consecuencias del triunfo electoral del ultraderechismo

Dos meses ha sido tiempo más que suficiente para que Ley y Justicia (PiS, por sus siglas originales), el partido que se alzó con las elecciones polacas del pasado 25 de octubre, ya haya sido apercibido por la UE. A través de una nueva herramienta legislativa, la Comisión Europea anunció hace cuatro días su propósito de sancionar a largo plazo al país centroeuropeo en caso de que ratificase que sus últimas actuaciones estuvieran violando el Estado de Derecho, como prevé estudiar a lo largo de los próximos meses.

La advertencia de Bruselas se produce en medio de una oleada de manifestaciones en 20 ciudades y tres semanas después de que el partido que encabeza, visiblemente al menos, el tandem entre Andrzej Duda en el cargo de presidente y Beata Szydlo como primera ministra aprobara una batería de medidas de dudoso carácter democrático. El fundador y responsable verdadero de las políticas del PiS, Jaroslaw Kaczynski, no muestra reparos en ocultar su objetivo: poder emprender las reformas a las que el partido aspira con un camino lo más despejado posible para ello.

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Jaroslaw Kaczynski, fundador del PiS y Beata Szydlo, primera ministra

Las propuestas del PiS –nacionalista, homófobo, xenófobo y euroescéptico– pasan, entre otras, por la prohibición del aborto, un férreo control de los medios de comunicación públicos, suprimir la educación sexual de la enseñanza, dotar de mayor poder a la policía, o la suspensión de ciertas obras de teatro calificadas como “pornográficas” e “inmorales”. Para poder llevarlas a cabo, maniobró primero para reestructurar la composición del Tribunal Constitucional (nombrando cinco magistrados nada más llegar al poder) y después, en diciembre, para que las decisiones de este organismo en materia de derogación legislativa deban contar con un respaldo más amplio del entonces vigente (más de dos tercios en lugar de una simple mayoría). Una tarea algo difícil si cinco de los 15 miembros que lo integran han sido colocados. Tanto ambas artimañas judiciales como el mayor dominio sobre los medios fue lo que hizo saltar las alarmas en Bruselas y le apremió a tomar cartas en el asunto.

Además de contar con la total repulsa de la oposición y de parte de la sociedad, incluso voces como la de Lech Walesa, expresidente conservador y defensor del PiS en las últimas elecciones, se han levantado contra el Gobierno y lo han calificado de “antidemocrático”. Hasta el momento Varsovia ha desoído las intensas críticas tanto dentro como fuera del Sejm (Parlamento) y ha ignorado a la Comisión Europea. En este sentido, distintos miembros del Gobierno han apuntado al “desconocimiento de la situación” por parte del Ejecutivo de la Unión, que se reunirá con el gabinete de Szydlo a lo largo de las próximas semanas.

El PiS, que con su triunfo en octubre desplazó del poder al democristiano Plataforma Cívica, ya gobernó entre 2005 y 2007. Actualmente lo hace con mayoría absoluta, algo que no sucedía en Polonia desde las revoluciones y posterior caída del comunismo en 1989.

Mientras tanto, el choque parece inevitable.